Boletina Mujer SaludHable
Año VII, Nº 3, abril 2008.
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
Chile: Retroceso histórico en los derechos sexuales y reproductivos
La iglesia católica, los políticos conservadores y los jueces se confabulan
en una avanzada fundamentalista
En un proceso legal que se extiende desde el año 2007, el Tribunal
Constitucional de Chile ya decidió sobre el recurso de inconstitucionalidad
presentado por parlamentarios autodenominados 'por la vida', en contra
de
las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad por, supuestamente,
atentar contra el derecho a la vida protegido constitucionalmente en el
país. Aunque aún no se oficializa el fallo, trascendió que se habría acogido
en su totalidad dicho recurso.
Esta normativa, preparada por profesionales del Ministerio de la Salud y
organizaciones de la sociedad civil, es una respuesta de alta calidad
técnica, científica y ética que, respetando los estándares internacionales,
aborda las urgentes necesidades de las personas en salud sexual y
reproductiva. Sin embargo, y desoyendo toda la evidencia científica mundial
y desconociendo asimismo los derechos humanos universales, el Tribunal
acogió la demanda y aceptó el requerimiento en su totalidad. Lo que afecta
la distribución del dispositivo intrauterino T de Cobre, píldoras
anticonceptivas combinadas que contengan levonorgestrel y un estrógeno (es
decir, todas las que se entregan en los consultorios públicos) y
anticoncepción de emergencia.
Asimismo, afecta a los servicios de anticoncepción y consejería a jóvenes
mayores de 14 años sin consentimiento de sus padres/madres, es decir, con
respeto a la confidencialidad, lo que se consideraba un tremendo avance en
términos de acoger a las y los jóvenes en todas sus especificidades.
El contenido del fallo (que fue dividido) solo se conocerá oficialmente el
22 de abril próximo, pero ya ha provocado la indignación ciudadana por
cuanto el Tribunal es un organismo superior sobre el cual no es posible
apelar; porque es un bastión del conservadurismo que fuera reinstalado
durante la dictadura de Pinochet; y porque es inadmisible que tenga potestad
para inmiscuirse en las decisiones privadas e íntimas de las personas.
Nefastas consecuencias
Al respecto, ha circulado en los últimos días un estudio de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile que señala, al respecto, que como
consecuencia del fallo en el país ³se abortarán 2,2 niños por cada nacido,
adicionalmente a las cifras actuales... Los abortos clandestinos anuales
superarían a los nacimientos en nuestro país si es que el Tribunal
Constitucional resuelve a favor del requerimiento de inconstitucionalidad
interpuesto ... Y es que en Chile un tercio de las mujeres en edad fértil de
entre 15 y 49 años usan métodos de planificación familiar, ya sean
hormonales o dispositivo intrauterino, un total de 3.358.196 personas. La
restricción a las normativas actuales prohibiría su entrega o adquisición
dado que están compuestos por levonorgestrel o moléculas derivadas de este,
por lo que el primer impacto sería en el alza de natalidad, con un aumento
promedio potencial de 150.000 nacidos vivos anuales; sin embargo, los
abortos clandestinos llegarían a 275.000, cálculo basado en el estudio
³Presentation of pregnancy in high risk women. Community intervention in
Chile in abortion in developing countries², OMS, 1999, investigación
liderada por el doctor Ramiro Molina².
Y agrega, ³se colige que aumentarían las tasas de mortalidad infantil,
neonatal, materna y por aborto, echando por tierra los esfuerzos e
inversiones sanitarias realizados en materia de salud reproductiva en el
país durante los últimos 45 años. Asimismo, se elevarían a 56.000 las
hospitalizaciones anuales en maternidades por complicaciones derivadas de
abortos, lo que redundaría en un colapso del sistema hospitalario; y, aunque
se absorbiera toda esta demanda, el aumento de la mortalidad materna por
esta causa crecería entre dos y cinco veces. Por otra parte, el fenómeno
tendría un menor impacto en la población femenina de los quintiles
superiores de ingreso, puesto que accederían a la adquisición de
anticonceptivos modernos por importación, compra en países vecinos o en el
mercado negro, por lo que se generaría inequidad.²
Ante esta dramática realidad, numerosas acciones han realizado las mujeres y
hombres articulados en el Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción, y
se estudia una inmediata presentación ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, una vez que se conozca el fallo.
Incluimos a continuación la declaración del Movimiento por la Defensa de la
Anticoncepción. Ya se han manifestado en solidaridad la RSMLAC, la
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, el Consorcio
Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia, CLAE, y CLADEM, entre
otros. También se han enviado cartas de reclamo a los parlamentarios que
presentaron el recurso de inconstitucionalidad de la citada normativa.
DECLARACION PUBLICA
Chilenas y chilenos exigimos que se respete nuestro derecho a contar con
anticoncepción moderna y eficaz para regular la fecundidad y poder decidir
libremente cuándo tener hijos e hijas, o a no tenerlos.
Este derecho humano básico está hoy amenazado en Chile por la acción de
grupos conservadores y fundamentalistas ligados a la alta jerarquía de la
Iglesia Católica, los que se han arrogado el papel de conductores morales de
la sociedad chilena. Esto coloca en entredicho la vigencia del Estado Laico,
y obstaculiza las decisiones técnicas y programáticas que el Estado
implementa a favor de una ciudadanía diversa.
Las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud
que hoy enfrentan un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal
Constitucional presentado por un grupo de parlamentarios que se
autocalifican ³por la vida², constituyen un gran avance para responder a
las desigualdades e inequidades en el goce del derecho a la salud que por
tantos años han afectado a las capas más pobres de la población, en especial
a las adolescentes, frecuentemente discriminadas de la atención de salud
sexual y reproductiva.
Aborda problemáticas como el embarazo adolescente, las maternidades
precoces, los embarazos no planificados, la prevención de abortos inseguro,
las infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH/SIDA, entre otras
cosas. Y desde una perspectiva técnica, ética y plural, ofrece respuestas
coherentes que permitirán avanzar en su solución.
En consecuencia, es inadmisible que los sectores conservadores ya
mencionados pretendan erigirse en dueños de la verdad y de una moral única
para todas las chilenas y chilenos, y decidir cuándo una persona puede usar
un anticonceptivo, cuál de ellos, o cuándo tener hijos. Nadie les ha
otorgado esa autoridad, que solo corresponde a cada persona en su calidad de
sujeta de derechos.
Por lo tanto, el acceso universal a la anticoncepción en Chile, incluyendo
las píldoras hormonales, la anticoncepción de emergencia, los dispositivos
intrauterinos, los condones, entre otros, debe ser defendido activamente
como un derecho humano expresado en libertad, autonomía y dignidad.
Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción
Año VII, Nº 3, abril 2008.
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
Chile: Retroceso histórico en los derechos sexuales y reproductivos
La iglesia católica, los políticos conservadores y los jueces se confabulan
en una avanzada fundamentalista
En un proceso legal que se extiende desde el año 2007, el Tribunal
Constitucional de Chile ya decidió sobre el recurso de inconstitucionalidad
presentado por parlamentarios autodenominados 'por la vida', en contra
de
las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad por, supuestamente,
atentar contra el derecho a la vida protegido constitucionalmente en el
país. Aunque aún no se oficializa el fallo, trascendió que se habría acogido
en su totalidad dicho recurso.
Esta normativa, preparada por profesionales del Ministerio de la Salud y
organizaciones de la sociedad civil, es una respuesta de alta calidad
técnica, científica y ética que, respetando los estándares internacionales,
aborda las urgentes necesidades de las personas en salud sexual y
reproductiva. Sin embargo, y desoyendo toda la evidencia científica mundial
y desconociendo asimismo los derechos humanos universales, el Tribunal
acogió la demanda y aceptó el requerimiento en su totalidad. Lo que afecta
la distribución del dispositivo intrauterino T de Cobre, píldoras
anticonceptivas combinadas que contengan levonorgestrel y un estrógeno (es
decir, todas las que se entregan en los consultorios públicos) y
anticoncepción de emergencia.
Asimismo, afecta a los servicios de anticoncepción y consejería a jóvenes
mayores de 14 años sin consentimiento de sus padres/madres, es decir, con
respeto a la confidencialidad, lo que se consideraba un tremendo avance en
términos de acoger a las y los jóvenes en todas sus especificidades.
El contenido del fallo (que fue dividido) solo se conocerá oficialmente el
22 de abril próximo, pero ya ha provocado la indignación ciudadana por
cuanto el Tribunal es un organismo superior sobre el cual no es posible
apelar; porque es un bastión del conservadurismo que fuera reinstalado
durante la dictadura de Pinochet; y porque es inadmisible que tenga potestad
para inmiscuirse en las decisiones privadas e íntimas de las personas.
Nefastas consecuencias
Al respecto, ha circulado en los últimos días un estudio de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile que señala, al respecto, que como
consecuencia del fallo en el país ³se abortarán 2,2 niños por cada nacido,
adicionalmente a las cifras actuales... Los abortos clandestinos anuales
superarían a los nacimientos en nuestro país si es que el Tribunal
Constitucional resuelve a favor del requerimiento de inconstitucionalidad
interpuesto ... Y es que en Chile un tercio de las mujeres en edad fértil de
entre 15 y 49 años usan métodos de planificación familiar, ya sean
hormonales o dispositivo intrauterino, un total de 3.358.196 personas. La
restricción a las normativas actuales prohibiría su entrega o adquisición
dado que están compuestos por levonorgestrel o moléculas derivadas de este,
por lo que el primer impacto sería en el alza de natalidad, con un aumento
promedio potencial de 150.000 nacidos vivos anuales; sin embargo, los
abortos clandestinos llegarían a 275.000, cálculo basado en el estudio
³Presentation of pregnancy in high risk women. Community intervention in
Chile in abortion in developing countries², OMS, 1999, investigación
liderada por el doctor Ramiro Molina².
Y agrega, ³se colige que aumentarían las tasas de mortalidad infantil,
neonatal, materna y por aborto, echando por tierra los esfuerzos e
inversiones sanitarias realizados en materia de salud reproductiva en el
país durante los últimos 45 años. Asimismo, se elevarían a 56.000 las
hospitalizaciones anuales en maternidades por complicaciones derivadas de
abortos, lo que redundaría en un colapso del sistema hospitalario; y, aunque
se absorbiera toda esta demanda, el aumento de la mortalidad materna por
esta causa crecería entre dos y cinco veces. Por otra parte, el fenómeno
tendría un menor impacto en la población femenina de los quintiles
superiores de ingreso, puesto que accederían a la adquisición de
anticonceptivos modernos por importación, compra en países vecinos o en el
mercado negro, por lo que se generaría inequidad.²
Ante esta dramática realidad, numerosas acciones han realizado las mujeres y
hombres articulados en el Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción, y
se estudia una inmediata presentación ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, una vez que se conozca el fallo.
Incluimos a continuación la declaración del Movimiento por la Defensa de la
Anticoncepción. Ya se han manifestado en solidaridad la RSMLAC, la
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, el Consorcio
Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia, CLAE, y CLADEM, entre
otros. También se han enviado cartas de reclamo a los parlamentarios que
presentaron el recurso de inconstitucionalidad de la citada normativa.
DECLARACION PUBLICA
Chilenas y chilenos exigimos que se respete nuestro derecho a contar con
anticoncepción moderna y eficaz para regular la fecundidad y poder decidir
libremente cuándo tener hijos e hijas, o a no tenerlos.
Este derecho humano básico está hoy amenazado en Chile por la acción de
grupos conservadores y fundamentalistas ligados a la alta jerarquía de la
Iglesia Católica, los que se han arrogado el papel de conductores morales de
la sociedad chilena. Esto coloca en entredicho la vigencia del Estado Laico,
y obstaculiza las decisiones técnicas y programáticas que el Estado
implementa a favor de una ciudadanía diversa.
Las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud
que hoy enfrentan un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal
Constitucional presentado por un grupo de parlamentarios que se
autocalifican ³por la vida², constituyen un gran avance para responder a
las desigualdades e inequidades en el goce del derecho a la salud que por
tantos años han afectado a las capas más pobres de la población, en especial
a las adolescentes, frecuentemente discriminadas de la atención de salud
sexual y reproductiva.
Aborda problemáticas como el embarazo adolescente, las maternidades
precoces, los embarazos no planificados, la prevención de abortos inseguro,
las infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH/SIDA, entre otras
cosas. Y desde una perspectiva técnica, ética y plural, ofrece respuestas
coherentes que permitirán avanzar en su solución.
En consecuencia, es inadmisible que los sectores conservadores ya
mencionados pretendan erigirse en dueños de la verdad y de una moral única
para todas las chilenas y chilenos, y decidir cuándo una persona puede usar
un anticonceptivo, cuál de ellos, o cuándo tener hijos. Nadie les ha
otorgado esa autoridad, que solo corresponde a cada persona en su calidad de
sujeta de derechos.
Por lo tanto, el acceso universal a la anticoncepción en Chile, incluyendo
las píldoras hormonales, la anticoncepción de emergencia, los dispositivos
intrauterinos, los condones, entre otros, debe ser defendido activamente
como un derecho humano expresado en libertad, autonomía y dignidad.
Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción
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